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28 | Escritura PÚBLICA | julio-agosto 2020 | EN CURSO LEGAL ha cambiado en el Ministerio y en instituciones con las que trabajamos activamente. Es la calidad y la entrega de su personal: funcionarios, jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia. Esto ha queda- do patente claramente durante los últimos meses, en los que todo el personal se ha volcado en la lucha contra las consecuencias de la pandemia, incluidos muy especial- mente los notarios. Permítame que les dé, desde estas líneas, mi más sincera enhorabuena y les exprese mi agradecimiento. –De la Secretaría de Estado de Justicia depende la 'nue- va' Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Públi- ca. ¿Cuáles serán las principales prioridades de esta Dirección en el medio plazo, cuando se supere la situa- ción actual? –La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública juega un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos de Justicia 2030. Quiero destacar aquí, muy en especial, la seguridad jurídica digital y la fe pública digital, que considero cuestio- nes legales estructurales para nuestra sociedad. Sobre estas áreas de proyecto tendremos oportunidad de trabajar todos juntos, e intensamente, para adaptar nuestras instituciones y servicios, de for- ma adecuada, a las nuevas necesidades, cambios sociales y tecnológicos. También debo destacar, entre sus prioridades, la potenciación de la oficina de Recupera- ción y Gestión de Activos como instru- mento al servicio de la Administración de Justicia con un triple objetivo: reforzar la averiguación del patrimonio ilícito de los investigados con vistas a su posterior decomiso, permitir una gestión eficiente de los bienes embargados durante el pro- ceso penal y obtener el máximo beneficio económico de los bienes decomisados para satisfacer las indemnizaciones a las víctimas y promover la lucha contra la cri- minalidad organizada. Por otro lado, y dentro del ámbito del Proyecto de Transformación del Registro Civil, pretendemos implantar en su totali- dad la Ley 20/2011, ajustándola a la nueva realidad. En este momento estamos reprogramando las actuaciones pendientes para que se esté en disposición de completar los requerimientos necesarios para la total puesta en marcha de la misma, con garantía de calidad suficiente y fidelidad al cumplimiento de los objetivos y la esencia originaria de la Ley. Dentro de esa reprogramación destacan diferentes actividades a desarrollar hasta el 30 de abril de 2021 en- tre las que se encuentran el despliegue de medios tec- nológicos, o las modificaciones legislativas necesarias pa- ra la adecuación de la estructura organizativa al nuevo modelo de Registro Civil. Otra de las principales prioridades de esta Dirección en el medio plazo es la puesta en marcha de soluciones que faciliten el funcionamiento del área de Estado Civil, como la puesta a disposición del módulo de Dicireg , que permitirá la tramitación digital de los recursos inter- puestos por los ciudadanos ante resoluciones de los en- cargados de los registros civiles. Del mismo, destacaría muy particularmente la puesta en marcha de la aplica- ción de cita previa, facilitar a los registros civiles el acce- so a los certificados de nacimiento y resoluciones de con- cesiones de nacionalidad por residencia que agilicen los trámites de jura e inscripción de la nacionalidad españo- la por residencia. –El Consejo General del Notariado ha colaborado con el Ministerio para abrir a los ciudadanos y las empresas su sede electrónica notarial y poder prestarles en ella, por videoconferencia, algunos servicios, evitando desplaza- mientos, dando una solución a los más vulnerables, con mayor agilidad e igual seguridad. ¿Cómo valora este proyecto? –Muy positivamente. El Ministerio de Justicia analizará y apoyará la forma de mejorar aún más la prestación de las funciones notariales, en este aspecto online que señala y en aquellos en los que su actividad pública pueda ser sus- ceptible de desarrollarse en un entorno digital, sin olvi- dar la inmediatez del notario con los otorgantes, esencia de la función notarial, adaptada a los nuevos instrumen- tos tecnológicos. Reitero en este punto la importancia de avanzar en el desarrollo de la seguridad jurídica digital y, por directa extensión, la fe pública digital. Trabajaremos juntos impulsando proyectos en este sentido, como no podría ser de otro modo, en interés de la ciudadanía. –Anteriormente ejercía en el Consejo General de la Abogacía Española. Desde su doble visión institucional y profesional, ¿cómo es la relación de los operadores jurí- dicos con la Administración de Justicia? –Es una relación constante y fundamental. La Adminis- tración de Justicia tiene que tener presentes a todos los operadores jurídicos en su trabajo diario. Para el Minis- terio es fundamental contar con ellos, y su opinión siem- pre debe ser valorada a la hora de detectar fallos o de proponer mejoras. Durante la gestión de la pandemia, como mencionaba anteriormente, se ha intensificado el diálogo con todos los operadores jurídicos. Esperamos regularizar esta práctica en adelante, de cara al futuro. –Arizona, Ginebra, Lancaster o Columbia han sido algu- nos de sus destinos como investigador jurídico. Desde su experiencia internacional, ¿cómo valora el sistema español de seguridad jurídica preventiva? –Afortunadamente, he tenido ocasión de asomarme a sis- temas jurídicos diferentes, con otras estructuras de segu-  «El Ministerio analizará y apoyará la forma de mejorar aún más la prestación de las funciones notariales en los aspectos en los que pueda desarrollarse en un entorno digital»