Los honorarios notariales son sólo una pequeña parte de lo que se paga en la notaría. La mayor parte de la factura es una provisión para hacer frente a impuestos, honorarios de otros profesionales y otros gastos que se generan, que el notario abona en nombre del cliente.
Además, la factura cubre íntegramente el servicio notarial: oficina, sueldo del equipo profesional, seguro de responsabilidad civil, informatización, encuadernación y conservación de las escrituras, mantenimiento de los colegios notariales… sólo una parte corresponde a los honorarios del notario. El notario está obligado a darte una factura detallada de sus servicios y costes correspondientes. Si tienes alguna duda con tu factura, el colegio notarial de tu Comunidad Autónoma la revisará de forma gratuita.
Los notarios aplican un arancel fijo
que estableció el Gobierno en 1989 y que desde entonces no se ha revisado. El arancel es el medio por el que se retribuye la función notarial y el sistema con el que se financia la seguridad jurídica preventiva que prestan los notarios.
Todos los notarios de España cobran lo mismo por idéntico servicio (pueden hacerte un descuento del 10 por ciento). La competencia entre ellos se basa en la calidad. Esto garantiza el acceso de todos los ciudadanos, en las mismas condiciones vivan en el lugar que vivan, a los servicios de seguridad jurídica preventiva que prestan los notarios.
Los aranceles de los notarios fueron establecidos por Real Decreto 1426/89 de 17 de noviembre, publicado el 28 de noviembre en el BOE. Los aranceles españoles son, después de los de Portugal, los más bajos de Europa.
En la notaría los usuarios muchas veces sólo asisten a la firma del acuerdo o contrato, pero éste es el resultado final de un trabajo largo, complejo, minucioso y delicado. Está demostrado que el coste del arancel notarial es muy inferior a los costes y daños sociales y económicos que evita la intervención del notario.
Reducción de arancel de carácter social
Las escrituras de compraventa y de préstamos hipotecarios de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) tienen reducciones del arancel de carácter social. Ocurre lo mismo con todos los documentos que afectan a las Administraciones y empresas públicas.
Desde 1989, numerosas leyes prevén reducciones arancelarias en la intervención notarial.