E-Notary

The notaries of the 21st century are professionals at the cutting edge of innovation, at the service of consumers. The Notariat provides citizens, companies and institutions with advanced and technologically innovative instruments of the utmost security and trust. The electronic services currently provided to society by notaries guarantee impartiality, oversight of lawfulness and consultancy, the historic foundations of the prestige of the Notariat.

The technological investment begun by the Notariat in the year 2000 has provided the notarial body with the most advanced resources and information systems for the exchange and electronic processing of documents and data with public authorities (Autonomous Regions, Directorate-General for the Land Survey, Companies and Land Registers, Tax Agency, local councils, Register of Last Wills, etc.) and with private entities.

Notaries: trusted professionals

The globalisation of the Information Society opens up almost limitless possibilities for the exchange of knowledge, business and social welfare, but is not perfect. The Internet, and Information and Communication Technologies (ICT), are areas with many unknown aspects representing a lack of security for the public, with interlocutors whose reliability is not proven, or who lack the impartiality required in order to establish themselves as trusted third parties. For citizens, notaries, as civil servants collaborating in legal and professional compliance with the utmost competence, have always been a byword for security and trust. Impartiality, oversight of legality and consultancy have always been the foundations of the high level of prestige maintained over centuries. While painstakingly preserving these qualities, notaries have now added the cutting-edge use of new technologies. As a secure gateway to the world of new technologies, offering greater efficacy and speed in services, the Notariat of the 21st century is a response to the public demand to maintain security and the protection of individual rights and social coexistence.

Notaries and the "trusted third party"

Information Society and Electronic Commerce Services Act 34/2002, of 11 July 2002, states in Article 25: "The parties may agree that a third party should archive the declarations of will comprising electronic contracts and record the date and time when said communications place". It is added that "The involvement of such third parties may not alter or substitute the functions to be performed by those persons legally empowered to bear public witness".

Hence the fact that the "trusted third party" is based on a prior relationship between two parties with contrary interests, and there must be an agreement between them to archive and preserve communications in electronic format.

The Act expressly states that this "third party" may not alter or substitute the functions of the public witness.

This is therefore the natural or legal person that, following an agreement by the parties in an electronic transaction, is entrusted with the computerised file containing it. This document has the value of a private document.

Can a notary be a trusted third party?

This is a fairly widespread belief, perhaps because notaries archive documents. But unlike the "trusted third party", who simply archives and preserves, the notary provides a function of impartial consultancy prior to execution of the contract, draws up the text, oversees its legality, verifies the capacity of the contracting parties and authorises the document, that he then also archives, guaranteeing its perpetual preservation.

The document thus drawn up is a public instrument which receives particular support within the legal system, with specific effects that are much more powerful than those vested in a private document.

A notary is therefore not such a trusted third party, although he may use certification service providers to perform certain actions, in particular acts of deposit of computer files, as expressly governed by the Notarial Regulation since the year 2007.

In this task, the Notarial Certification Agency, ANCERT, is positioned as the technological branch at the service of the notarial body.

The future is already present at notarial offices. For centuries now, in any contract and in relationships with the public authorities and financial institutions, notaries have provided security. Now, in the 21st century, through intense investment for the application of new information and communication technologies, notaries provide speed, convenience and cost-effectiveness, with the same level of security.

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Un dato fiable, la primera barrera frente al fraude y la corrupción

Curso de Verano de Fundación Notariado

Un dato fiable, la primera barrera frente al fraude y la corrupción

La calidad del dato desde su origen es un elemento esencial para la seguridad jurídica preventiva y para la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción. Este ha sido el hilo conductor de la primera jornada del Curso de Verano de Fundación Notariado, en la que juristas, fiscales y notarios han coincidido en que solo la información previamente verificada puede ofrecer las garantías necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos, facilitar la actuación de las autoridades y generar confianza en un entorno cada vez más digital.

De izda. a dcha.: Raimundo Fortuñy, Juan de Gracia y Ángel Nanclares.

16/07/2026

El director general de Fundación Notariado y director del Curso de Verano 2026, Raimundo Fortuñy, ha inaugurado la jornada, acompañado del subdirector académico de los Cursos de Veranos de la UPV/EHU, Juan de Gracia Igelmo. Fortuñy ha expresado su deseo de que “estas jornadas sirvan de reflexión y permitan entender que una sociedad democrática avanzada no solo necesita que la información circule de forma rápida, sino, por encima de todo, certidumbre y veracidad. Tanto el documento privado como el público generan datos; el notario genera confianza y, por tanto, el instrumento público aporta información veraz, íntegra y auténtica”.
Igone Aretxaga González, secretaria de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, ha sido la encargada de presentar las distintas ponencias y de introducir a los expertos participantes a lo largo de la jornada. La conferencia inaugural, "El notario como fuente auténtica", ha corrido a cargo de José Carmelo Llopis Benlloch, decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. Durante su intervención, Llopis ha defendido que el documento público no constituye únicamente el soporte de un negocio jurídico, sino la garantía de que los datos que incorpora han sido previamente sometidos al control de legalidad del notario. Ha sostenido que, en un entorno cada vez más digital, "el verdadero valor no está solo en intercambiar datos, sino en poder confiar en ellos". En este sentido, ha advertido que cuanto más circulan los datos y mayor es la interoperabilidad entre sistemas, más necesario resulta que la información tenga un origen fiable. "La digitalización no consiste en sustituir controles, sino en trasladarlos al nuevo entorno tecnológico para que ciudadanos, empresas y administraciones puedan seguir confiando en la información con la misma seguridad jurídica", ha afirmado. A su juicio, esa es la aportación esencial del documento público, que convierte los datos en información jurídicamente fiable y sitúa al notariado como una auténtica fuente de confianza.
La segunda conferencia, "El dato en la prevención del blanqueo de capitales. La eficacia del OCP del Notariado", ha estado a cargo de Pedro Galindo Gil, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.
Galindo ha explicado que el Índice Único Informatizado Notarial (IUIN), que reúne información procedente de más de 176 millones de documentos notariales, se ha convertido en "la ventana a través de la cual administraciones públicas, jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado miran al mundo notarial". Para el director del OCP, "el Índice no es una simple relación de datos: es dato auténtico, equiparable al valor del documento público del que procede. Ese es el verdadero valor añadido que permite el tratamiento masivo de información. Si el dato es auténtico, podemos empezar a construir sobre él servicios de enorme utilidad para las administraciones públicas". Como ejemplo del valor de esta información, ha señalado que en los últimos cuatro años por las notarías españolas han pasado 2.650.001 millones de sociedades de responsabilidad limitada, frente a los 1.309.831 millones de sociedades que presentaron cuentas en el Registro Mercantil el pasado año.
Para profundizar en la relevancia del IUIN, la mesa redonda "Dato y prevención del blanqueo", moderada por Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación de OCP del Notariado, ha reunido al notario de Taormina, Giovanni Liotta, y al fiscal anticorrupción, Tomás Herranz Saurí.
Desde una perspectiva europea, Giovanni Liotta ha compartido la experiencia del notariado italiano en la prevención del blanqueo de capitales y ha destacado la solidez del modelo español. "En Italia disponemos de un sistema similar al Índice Único Informatizado Notarial y hemos estudiado el modelo de España de prevención del blanqueo. Estamos ultimando una norma que permitirá replicar el modelo del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo del Notariado español porque, tras analizar los distintos sistemas europeos, consideramos que es el más avanzado", ha afirmado.
Por su parte, Tomás Herranz ha destacado la eficacia de la colaboración entre el Notariado, la Fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad y otras instituciones implicadas en la lucha contra la delincuencia económica. "Los datos del Notariado nos permiten obtener muchísima información sobre personas físicas o jurídicas que son objeto de investigación. Esa información la obtenemos en apenas tres minutos, que es lo que tarda el OCP en responder a nuestra petición", ha señalado.
La jornada ha concluido con la conferencia "Legislar en consideración al dato. El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública", impartida por Lorenzo Prats Albentosa, catedrático de Derecho Civil de CUNEF Universidad y vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.
Prats ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y ha advertido que la sustitución de la escritura pública por el documento privado en determinadas transmisiones de participaciones sociales podría debilitar un sistema de prevención del fraude y del blanqueo reconocido internacionalmente. A su juicio, “la protección de la intimidad y la lucha contra la corrupción no son objetivos incompatibles cuando las autoridades e instituciones pueden apoyarse en información de alta calidad, previamente comprobada por el notario”. En este sentido, ha defendido que el Índice Único Informatizado y la Base de Datos de Titularidad Real constituyen herramientas esenciales para compatibilizar la protección de los derechos fundamentales con una persecución eficaz de la delincuencia económica, en un modelo reconocido como buena práctica por organismos internacionales como el GAFI y GRECO.
La primera jornada del Curso de Verano ha puesto de relieve que la transformación digital no podrá construirse únicamente sobre nuevas tecnologías, sino sobre información jurídicamente fiable desde su origen. Esa premisa constituye también el punto de partida de la segunda jornada del curso, dedicada a analizar el papel que desempeñarán esos datos verificados en el despliegue de la cartera digital europea y de la futura cartera europea para empresas.

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