E-Notary

The notaries of the 21st century are professionals at the cutting edge of innovation, at the service of consumers. The Notariat provides citizens, companies and institutions with advanced and technologically innovative instruments of the utmost security and trust. The electronic services currently provided to society by notaries guarantee impartiality, oversight of lawfulness and consultancy, the historic foundations of the prestige of the Notariat.

The technological investment begun by the Notariat in the year 2000 has provided the notarial body with the most advanced resources and information systems for the exchange and electronic processing of documents and data with public authorities (Autonomous Regions, Directorate-General for the Land Survey, Companies and Land Registers, Tax Agency, local councils, Register of Last Wills, etc.) and with private entities.

Notaries: trusted professionals

The globalisation of the Information Society opens up almost limitless possibilities for the exchange of knowledge, business and social welfare, but is not perfect. The Internet, and Information and Communication Technologies (ICT), are areas with many unknown aspects representing a lack of security for the public, with interlocutors whose reliability is not proven, or who lack the impartiality required in order to establish themselves as trusted third parties. For citizens, notaries, as civil servants collaborating in legal and professional compliance with the utmost competence, have always been a byword for security and trust. Impartiality, oversight of legality and consultancy have always been the foundations of the high level of prestige maintained over centuries. While painstakingly preserving these qualities, notaries have now added the cutting-edge use of new technologies. As a secure gateway to the world of new technologies, offering greater efficacy and speed in services, the Notariat of the 21st century is a response to the public demand to maintain security and the protection of individual rights and social coexistence.

Notaries and the "trusted third party"

Information Society and Electronic Commerce Services Act 34/2002, of 11 July 2002, states in Article 25: "The parties may agree that a third party should archive the declarations of will comprising electronic contracts and record the date and time when said communications place". It is added that "The involvement of such third parties may not alter or substitute the functions to be performed by those persons legally empowered to bear public witness".

Hence the fact that the "trusted third party" is based on a prior relationship between two parties with contrary interests, and there must be an agreement between them to archive and preserve communications in electronic format.

The Act expressly states that this "third party" may not alter or substitute the functions of the public witness.

This is therefore the natural or legal person that, following an agreement by the parties in an electronic transaction, is entrusted with the computerised file containing it. This document has the value of a private document.

Can a notary be a trusted third party?

This is a fairly widespread belief, perhaps because notaries archive documents. But unlike the "trusted third party", who simply archives and preserves, the notary provides a function of impartial consultancy prior to execution of the contract, draws up the text, oversees its legality, verifies the capacity of the contracting parties and authorises the document, that he then also archives, guaranteeing its perpetual preservation.

The document thus drawn up is a public instrument which receives particular support within the legal system, with specific effects that are much more powerful than those vested in a private document.

A notary is therefore not such a trusted third party, although he may use certification service providers to perform certain actions, in particular acts of deposit of computer files, as expressly governed by the Notarial Regulation since the year 2007.

In this task, the Notarial Certification Agency, ANCERT, is positioned as the technological branch at the service of the notarial body.

The future is already present at notarial offices. For centuries now, in any contract and in relationships with the public authorities and financial institutions, notaries have provided security. Now, in the 21st century, through intense investment for the application of new information and communication technologies, notaries provide speed, convenience and cost-effectiveness, with the same level of security.

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Las fundaciones Aequitas y Derecho y Discapacidad suscriben un convenio para la difusión de la normativa sobre discapacidad

Las fundaciones Aequitas y Derecho y Discapacidad suscriben un convenio para la difusión de la normativa sobre discapacidad

Ambas instituciones implementarán el conocimiento de la Ley 8/21 (por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica) o la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la UE e Iberoamérica. Las dos fundaciones impulsarán el desarrollo y seguimiento de la aplicación del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que consagra en la Carta Magna los derechos de las personas con discapacidad.

21/09/2026

Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, han firmado esta mañana un acuerdo de colaboración institucional.

Este convenio coincide con los aniversarios de dos normativas que han contribuido a reformar profundamente nuestro Derecho Civil y Privado en materias como la capacidad jurídica o el sistema de apoyos: la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006 y la Ley 8/2021. El despliegue y aplicación efectiva de estas disposiciones ha sido un objetivo fundamental para ambas Fundaciones en este período, un fin compartido que se potenciará con la firma de este convenio.

Las dos fundaciones impulsarán el desarrollo y seguimiento de la aplicación del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, aprobado en 2024, que consagraba los derechos de las personas con discapacidad y los adecuaba a los principios de dicha Convención (“Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, sin que pueda producirse discriminación. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la autonomía personal y la inclusión plena de las personas con discapacidad en entornos de accesibilidad universal. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”).

En cuanto a las acciones concretas llevadas a cabo conjuntamente a partir de ahora, cabe destacar: la elaboración de publicaciones conjuntas y la difusión recíproca de trabajos y estudios elaborados por cada entidad; la colaboración en proyectos de investigación, estudios doctrinales, informes técnicos o documentos de análisis jurídico; o la organización de actividades de carácter académico, como congresos, jornadas, seminarios, cursos o encuentros científicos. Las partes se comprometen a ampliar la proyección y desarrollo de estas materias al Derecho de la Unión Europea y el espacio jurídico iberoamericano.

Asimismo, se prestará especial atención al ámbito universitario, con vistas a incorporar el Derecho de la Discapacidad en: programas superiores de distinta naturaleza, ciclos formativos, foros de debate, mesas redondas, conferencias especializadas, actividades de sensibilización, iniciativas académicas o proyectos de especialización. Por último, se prestará una especial atención a los programas de posgrado, títulos propios especializados e iniciativas dirigidas al reconocimiento académico formal de esta nueva disciplina como asignatura específica dentro de los planes de estudio universitarios.

La Fundación Derecho y Discapacidad, promovida por un conjunto de activistas, agentes y operadores jurídicos comprometidos con la causa de las personas con discapacidad, pretende contribuir a la inclusión, los derechos y el bienestar de esta parte de la población, generando unas condiciones de vida y de ciudadanía que favorezcan el libre desarrollo de la personalidad. Nacida en 2010, esta entidad no lucrativa se pone al servicio de la comunidad y el activismo cívico de la discapacidad. A través de iniciativas y acciones de toma de conciencia, investigación, docencia, formulación de propuestas y soporte jurídico aspira a ser un instrumento útil que acerque los derechos humanos a las personas con discapacidad.

El 15 de octubre de 1999 nació la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, bajo el lema ¡Juntos queremos hacer más! Hoy en día, más de 25 años después, está consolidada en España e Iberoamérica y realiza una incesante labor en defensa de la protección jurídica de las personas con discapacidad. Una de sus principales líneas de actuación es el impulso de reformas normativas para la mejora de la situación de los colectivos en situación de vulnerabilidad. Sus miembros han realizado informes y comparecido en calidad de expertos ante diferentes órganos legislativos, como la Comisión de Justicia y Discapacidad del Congreso de los Diputados.